Cristina Fernández deberá devolver $84.000 millones por la causa Vialidad

La Corte Suprema confirmó la condena por corrupción y el millonario perjuicio al Estado

En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la denominada Causa Vialidad.

Además, la sentencia ratifica que deberá devolver al Estado argentino $84.000 millones de pesos, cifra que representa el daño económico ocasionado por el direccionamiento y sobreprecio de obras públicas adjudicadas al empresario Lázaro Báez durante sus dos mandatos (2007–2015). El monto, a valores actualizados, equivale a unos 80 millones de dólares.

¿De qué se la acusa?

La causa investigó el otorgamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas de Báez, amigo personal de la ex mandataria y fundador de Austral Construcciones. Muchas de esas obras fueron sobrevaloradas, inconclusas o no comenzaron nunca.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 había dictado la sentencia en diciembre de 2022. Luego fue confirmada por la Cámara de Casación en 2024, y finalmente ratificada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025.

¿Qué implica el histórico fallo?

Prisión efectiva para la ex mandataria Cristina Fernández, quien deberá presentarse en Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles. El tribunal deberá definir si cumple su pena en una cárcel común o bajo arresto domiciliario, dada su edad (72 años). Inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de por vida. Y decomiso millonario, por el monto de $84.000 millones será ejecutado como reparación económica al Estado nacional.

Este es un caso que no tiene precedentes

Esta es la primera vez en la historia democrática argentina que una ex presidenta recibe una condena penal firme por corrupción. La causa ha generado un enorme impacto político y social tanto dentro como fuera del país.

Mientras sectores del oficialismo denuncian una persecución judicial (o “lawfare”), desde la oposición y el gobierno de Javier Milei se celebró el fallo como un triunfo institucional y un ejemplo de que “la corrupción no paga”.