Distribuidores de supergás cuestionan subsidio del Mides y piden cambios en la entrega de garrafas

Los distribuidores de supergás manifestaron su preocupación por el actual sistema de subsidios destinado a hogares de menores ingresos y plantearon la necesidad de revisar su funcionamiento. Según señalan, el esquema vigente estaría generando situaciones de uso indebido y excesos en la asignación del beneficio.

La Asociación de Distribuidores de Supergás (Adisup) compareció recientemente ante una comisión parlamentaria para exponer sus observaciones sobre el subsidio del 50% aplicado a la compra de garrafas de 13 kilos. Este beneficio está dirigido a usuarios vinculados a programas sociales como la tarjeta Uruguay Social y las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Actualmente, el precio de la garrafa ronda los $1.230, por lo que los beneficiarios pueden acceder a ella por aproximadamente $615. Sin embargo, desde el sector distribuidor consideran que la cantidad de recargas habilitadas por mes podría ser excesiva en relación al consumo real de los hogares.

El presidente de Adisup, Martín Machado, explicó ante los legisladores que, si bien comprenden la necesidad del subsidio, entienden que se deben optimizar los recursos públicos. “No se trata de pedir más dinero, sino de administrar mejor lo que ya se destina”, afirmó.

Según indicó, en la práctica se han detectado situaciones donde beneficiarios venden el gas subsidiado o incluso solicitan dinero en lugar de la garrafa. También señaló que una familia promedio no suele consumir más de una garrafa al mes, mientras que el sistema puede permitir hasta dos por beneficiario. En casos donde varias personas de un mismo hogar acceden al beneficio, esto podría traducirse en una cantidad considerable de garrafas mensuales.

Desde la gremial proponen ajustar el sistema para que se otorgue únicamente lo necesario, evitando posibles abusos. Además, sugieren mejorar los controles para detectar irregularidades, como registros duplicados o direcciones inconsistentes.

Machado también recordó que estas situaciones ya fueron planteadas en reiteradas oportunidades tanto ante el Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland como ante el Mides, sin que hasta el momento se hayan implementado soluciones efectivas.

En ese sentido, mencionó un caso ocurrido en 2024, cuando cientos de beneficiarios denunciaron la utilización indebida de sus datos para retirar garrafas. Inicialmente fueron unos 200 casos, pero luego la cifra superó los 680. La investigación derivó en la formalización de dos personas vinculadas al sector por maniobras fraudulentas, en una estafa que rondó los 1.250 millones de pesos.

Desde Adisup insisten en que el sistema debe ser revisado para garantizar que el subsidio cumpla su objetivo social sin generar distorsiones ni oportunidades de abuso.

Fuente: El Observador