Amplían el apoyo habitacional para mujeres víctimas de violencia de género y trata: habrá hasta 500 subsidios

El Gobierno renovó y amplió el convenio que brinda soluciones habitacionales a mujeres que atraviesan procesos de salida de situaciones de violencia basada en género, trata y explotación sexual.

El acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, y Mevir.

La medida permitirá mantener un cupo de hasta 500 subsidios de alquiler y ampliar la cobertura económica para que las beneficiarias puedan afrontar no solamente el costo mensual de la vivienda, sino también otros gastos relacionados con el contrato.

El subsidio podrá cubrir el alquiler completo

Una de las principales novedades del convenio es que el subsidio cubrirá el total del alquiler mensual.

También podrá incluir un porcentaje destinado a gastos de administración, comisiones inmobiliarias y, en situaciones excepcionales debidamente justificadas, otros costos vinculados con la vivienda.

De esta forma, se busca eliminar algunas de las principales barreras económicas que enfrentan las mujeres cuando necesitan abandonar el lugar donde conviven con el agresor y comenzar una nueva etapa junto a sus hijos o personas a cargo.

El cupo máximo será de 500 subsidios, tomando en cuenta tanto los contratos que ya se encuentran vigentes como aquellos que finalicen. Los cupos liberados podrán volver a asignarse para habilitar nuevas postulaciones.

¿Quiénes podrán acceder?

El programa está dirigido a mujeres que se encuentran en proceso de salida de situaciones de violencia basada en género y que reciben acompañamiento de servicios públicos especializados o de organizaciones de la sociedad civil.

También comprende a mujeres que atraviesan situaciones de trata con fines de explotación sexual, población que fue incorporada al programa en el año 2015.

Las postulaciones no se realizarán mediante un llamado público o una inscripción general. Cada situación deberá ser presentada a través de los servicios especializados que acompañan a la mujer.

El Instituto Nacional de las Mujeres será responsable de realizar el diagnóstico, evaluar cada caso y brindar acompañamiento durante todo el proceso.

Posteriormente, una comisión integrada por representantes del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, Inmujeres y, cuando corresponda, Mevir, analizará y aprobará las solicitudes.

También habrá otras alternativas de vivienda

El subsidio de alquiler no será la única respuesta disponible.

Dependiendo de las necesidades y particularidades de cada mujer y su familia, podrán otorgarse otras soluciones habitacionales de carácter transitorio o permanente dentro de los programas existentes.

Mevir podrá poner a disposición viviendas de su stock, especialmente en localidades del interior del país, siempre que existan unidades disponibles y que la situación se encuentre comprendida dentro de su ámbito de actuación.

El objetivo es que cada respuesta se adapte a la realidad de la mujer, al momento del proceso en el que se encuentra y a las necesidades de sus hijos o personas a cargo.

Una política con alcance nacional

El programa de soluciones habitacionales para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia comenzó como una experiencia piloto en 2009, inicialmente en Montevideo, Canelones y Salto.

En 2011 adquirió alcance nacional y, con el paso de los años, fue incorporando nuevas instituciones, modalidades de atención y grupos de mujeres beneficiarias.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, destacó que el acceso a una vivienda constituye un elemento fundamental para que las mujeres puedan recuperar su autonomía y construir una vida libre de violencia.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, sostuvo que la violencia contra las mujeres debe ser abordada de manera integral y que la solución habitacional no puede ser considerada una ayuda secundaria.

Contar con una vivienda segura puede ser determinante para que una mujer pueda alejarse del agresor, proteger a sus hijos y comenzar un nuevo proyecto de vida.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, también señaló que la falta de autonomía económica y habitacional es uno de los principales obstáculos que enfrentan muchas mujeres para abandonar una situación de violencia.

Además del apoyo habitacional, Inmujeres continuará brindando acompañamiento social, psicológico y asesoramiento jurídico durante el proceso.

El convenio tendrá una duración inicial de dos años

El nuevo acuerdo tendrá una vigencia de dos años desde su firma y podrá renovarse una vez por otro período igual.

La continuidad del programa busca consolidar una política pública nacional que entiende el acceso a una vivienda digna como una herramienta esencial para proteger a las mujeres y acompañarlas en la construcción de una vida autónoma y libre de violencia.

Importante: no se trata de una inscripción abierta. Las situaciones deben ser presentadas y evaluadas a través de los servicios especializados que brindan acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

Información Social Uruguay