En la jornada del Miércoles 10 de Mayo, la UDELAR emitió un informe público donde se habla de la problemática que está viviendo Uruguay, con relación al agua potable. La declaración fue elaborada por el Grupo de Ambiente y DDHH Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de Udelar Colectivo Interdisciplinario TÁ, UDELAR.
Comienza indicando que el “4 de Mayo de 2023 el Ministerio de Salud Pública anunció el cambio en la normativa que regula la potabilización del agua por parte de OSE, aumentando los niveles permitidos de cloruro de 300
mg/l a 720 mg/l y de sodio de 200 mg/l a 440 mg/l” donde se alega que esta medida se toma debido a la sequía que afecta al país. Se indica que la necesidad de bombear agua con mayor salinidad es una medida excepcional. La salinidad del agua afecta a toda el área metropolitana, que equivale a cerca del 60% de la población del país.
En el informe público, se expresa la preocupación ante las medidas asumidas “ya que vulneran el derecho fundamental al acceso, calidad y disponibilidad del agua potable de la población” Establece que “El cambio en la normativa contradice directamente tratados de Derechos Humanos de obligatorio cumplimiento tanto en el Sistema Internacional como en el Sistema Regional, especialmente el PIDESC, la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Facultativo de San Salvador, es decir obligaciones que el Estado debe respetar.”
Continúa informando que la medida tomada de aumentar la salinidad del agua potable “viola el Artículo Nº47 de la Constitución de la República, reformado en 2004 a través de un plebiscito con el apoyo del 67% de la población, que define el acceso al agua potable 2 de calidad como derecho humano básico, la participación de la ciudadanía a través de las Comisiones de Cuenca y Consejos Regionales de Cuenca en su gestión, así como define la protección del ambiente como interés general. A nivel del sistema internacional, el derecho al agua se reconoce por las Naciones Unidas desde 2010.”
El informe indica “El derecho al agua se ve vulnerado por situaciones de estrés hídrico, intensificación de demanda para uso y afectación de ciclos naturales así como por impactos negativos de políticas y gestión que favorecen los usos productivos a los de la población.”
Habla sobre los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, al principio de igualdad, a la no discriminación entre otros, y establece que el derecho al agua está relacionado con estos y otros derechos. El informe se “observa que la crisis hídrica y las medidas adoptadas por los organismos del Estado afectan a grupos y personas históricamente discriminadas como lo son las personas en situación de pobreza y quienes tienen problemas de salud.”
“Los nuevos parámetros de cloruro y sodio constituyen un riesgo para la salud de la población de padecer enfermedades agudas y crónicas, pero especialmente a quienes ya experimentan enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, problemas renales, lactantes alimentados en base a leche de fórmula, los niños y las niñas. Este riesgo se acentúa en los sectores socioeconómicos más bajos que dependen en mayor medida del agua disponibilizada por OSE para tomar y cocinar. Es importante destacar que no es sólo el agua que se toma sino también todas las preparaciones que se hacen en base a la misma.” Indica el informe público de la UDELAR.
Y culmina alentando a la población a debatir sobre el problema y movilizarse para “hacer valer el derecho humano de acceso al agua potable y a vivir en un ambiente sano.”
Leer y descargar todo el informe en la página web de la UDELAR
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