Expulsión “ilegal” de uruguayo de 60 años tras 19 años de residencia en Argentina

Juan Pedro Martínez Piedrahita, un uruguayo afrodescendiente de 60 años, quien residía en Argentina desde hace 19 años, estaba casado con una ciudadana argentina y tenía tres hijos nacidos en ese país.

El pasado viernes, 11 de julio, se presentó en la oficina de Migraciones de Cavia (Buenos Aires) para renovar su documento migratorio. Allí fue detenido bajo una orden judicial y, tras pasar cinco días detenido sin poder comunicarse con su familia ni contar con acceso efectivo a su defensa legal, fue deportado en la madrugada del miércoles 16 de julio hacia Montevideo. 

¿Cuál fue la condena?

En 2021, fue condenado en suspenso a 1 año y 6 meses de prisión por violación de domicilio, amenazas reiteradas y desobediencia reiterada en un Juzgado Correccional de Morón (provincia de Buenos Aires). Según su defensa, cumplió con la condena y logró rehacer su vida con su esposa e hijos en Hurlingham, zona donde residían.

La figura legal aplicada: Decreto 366/2025
En mayo de 2025, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 366/2025, que reforma la Ley de Migraciones 25.871. La modificación amplía las causales de expulsión, permitiendo que sean deportados extranjeros con condenas que impliquen pena privativa de libertad “igual o mayor a tres años”, eliminando recursos administrativos y acortando plazos de defensa.

Sin embargo, en el caso de Martínez Piedrahita, Migraciones invocó el artículo 29, omitiendo el requisito del mínimo de tres años y citó a la autoridad judicial (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12), que ordenó la detención y expulsión.

¿Por qué denuncian que fue “ilegal”?

Condena por debajo del mínimo legal: la pena de 1 año y medio es inferior al mínimo de tres años exigido por el decreto, según la defensa .

Vínculos familiares desestimados: el artículo 70 impone que Migraciones suspenda la medida si hay vínculos familiares con argentinos y debe verificarlos en un plazo de 48 h. En su caso, se presentaron partidas de nacimiento de sus tres hijos junto a recursos jerárquicos el sábado siguiente a su detención, pero estos no fueron tramitados.

Falta de notificación y garantía de defensa: su abogada denunció que existía una orden desde marzo de 2023, pero no se le notificó debidamente, lo que violaría su derecho a ser oído antes de la expulsión .

El CELS calificó la medida como un acto “arbitrario e ilegal” en base a estas inconsistencias. Organizaciones sociales como Prensa Obrera denunciaron una acción “fascista y racista”, mientras que el tema ya abrió un cruce diplomático entre Argentina y Uruguay Prensa Obrera.

La Cancillería Uruguaya manifestó su sorpresa, aseguró que varias instituciones del Estado brindan apoyo y pidió que se respete el debido proceso legal.  Por su parte, el Gobierno argentino justifica la medida citando cumplimiento del decreto y una orden judicial. Sin embargo, su defensa sostiene que el proceso vulneró derechos constitucionales y migratorios.